Observatorio de Mortalidad
Materna y Neonatal

Historias de negligencia y de violencia que se repiten alrededor de las muertes maternas, más todavía siendo niñas.

En el mes de abril, con apenas días de diferencia, hemos sido testigos de dos casos de mortalidad de una madre y de una niña que ilustran la dramática situación y el extremo de la vulneración de los derechos de las mujeres.  ¿De qué nos sirve que los derechos humanos, los derechos de las mujeres y los derechos sexuales y reproductivos estén constitucionalizados? ¿En qué quedan las políticas, programas y normativas que tienen que salvaguardar la vida de las mujeres, prevenir y sancionar la violencia sexual en contra de las niñas?

Oyuki (27 años) y Nena[1] (11 años) reclamarían a gritos: ¡por qué no estamos haciendo nada para que se cumplan las políticas! ¡por qué ellas, y otras muchas más, tienen que pagar las consecuencias de la negligencia, el abandono, la falta de amor y cuidados hacia nuestras mujeres y niñas! Si bien todos y todas somos parte de esta situación, es al Estado a quien le corresponde proteger la vida de sus ciudadanas, veamos por qué.

En el caso de Oyuki, a partir de las declaraciones del esposo a la prensa (El Deber, 21/04/19), se debió practicar una cesárea en el Hospital de Rurrenabaque tomando en cuenta que la madre esperaba mellizos y ya tenía tres niños/as. La ginecóloga se negó a operarla, y prefirió un parto natural, aludiendo una razón descabellada de “eso le hará bien a los pulmones de los niños”. Además, uno de los mellizos estaba en forma transversa después del nacimiento. Después de presentarse una hemorragia, la madre fue operada para extraer la matriz; el sangrado no paraba y deciden trasladarla, en avioneta, al hospital de Trinidad donde muere al poco tiempo. La directora del hospital de Rurrenabaque justificó el proceder mencionando que: “se hizo lo que se tenía que hacer; Oyuki era una paciente con una complicación de atonía uterina, ese factor es una causa de muerte a nivel mundial”. Este caso de muerte materna no puede justificarse con estas razones, se hace necesaria una investigación seria siguiendo los pasos normados por el propio Ministerio de Salud. El caso de Oyuki, además de dejar a cinco niños sin madre, evidencia la situación de las cesáreas en el país: muchas se practican sin justificación médica y cuando se requiere de una cesárea para salvar la vida no se la hace.

En el caso de Nena se muestra la deshumanización y la inoperancia de las politicas de prevención y protección de la niñez.  Nena fue sometida a un aborto inseguro por su agresor de 57 años y falleció luego de complicaciones derivadas por el aborto. En el Sena (Pando), según reporte de la prensa (Página Siete, 19/04/19) este hombre se quedaba con la niña durante la zafra de la castaña y procedió a violarla repetidas veces, hasta llegar a embarazarla. ¿Cómo puede ser posible que esta evidencia no alertó antes a su familia, autoridades comunitarias y municipales para hacer la denuncia respectiva y sancionar al agresor? El último Estudio Nacional de Mortalidad Materna (2015)[2] ya mostró que para el 2011 un 12% de mujeres quienes murieron por causas relacionadas a un embarazo, parto o posparto tenían entre 14 a 19 años (77 adolescentes) y, también, se registró un 2% de muertes maternas en menores de 14 años. Es muy probable que este porcentaje pueda seguir incrementándose, tomando en cuenta que el embarazo en adolescentes sigue siendo una problemática algida en el país (según la EDSA 2016 el 11,7% de las adolescentes entre 15-19 años de edad ya eran madres)[3] y que tradicionalemente las adolescentes entre 15 y 19 años se les ha atribuido un riesgo 2 a 3 veces mayor de morir durante el embarazo, el parto y el puerperio (De la Galvez Murillo, 2018)[4]. Respecto a la violencia sexual en niñas, un estudio reciente sobre uniones tempranas forzadas en cinco municipios del país[5], muestra que este es un tema poco abordado en el país tanto desde la política pública como desde las investigaciones y que la violencia sexual y el embarazo son dos factores vinculados entre sí, sustentado por razones econonómicas, sociales y culturales. Se estima que 32.344 adolescentes se casaron o se unieron antes de los 15 años (3% de la población en este grupo etario) y que 22% lo hicieron antes de los 18 años. De igual manera, la EDSA (2016) informa que el porcentaje de mujeres que dio a luz antes de cumplir 15 años es de 0.9% y que las que dieron a luz antes de cumplir los 18 años es de 8.7%. Los casos expuestos evidencian que las muertes de Oyuki y Nena exigen una respuesta seria del Estado. Basta de negligencia, basta de violencia.

María Dolores Castro M
Coordinadora del OMMN

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[1] Nombre ficticio

[2] Ministerio de Salud – INE (2016) Estudio Nacional de Mortalidad Materna

[3] Encuesta de Demografía y Salud – INE, 2016

[4]  De la Gálvez Murillo A. (2018) Vidas Inconclusas: Mortalidad Materna en la Adolescencia. CIDES UMSA: Observatorio de Mortalidad Materna y Neonatal:

[5] Plan International, UNFPA, OMMN (2018) Uniones Tempranas Forzadas en Niñas en  5 Municipios del País.

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