Observatorio de Mortalidad
Materna y Neonatal

Marcos Paz

Una porción indefinida de la producción de servicios rutinarios de salud ha dejado de entregarse a la población por efecto de la pandemia. Buena parte del personal activo está siendo ocupado en el manejo de la nueva enfermedad y, en forma continua, médicos, enfermeras y administrativos de primera línea vienen siendo dados de baja por contagio, embarazo, edad o enfermedades preexistentes, por lo que varios servicios han sido interrumpidos o diferidos hasta que existan mejores condiciones de bioseguridad, transporte, mayor comprensión del comportamiento de la enfermedad y, sobre todo, mayor capacidad para responder exitosamente al creciente número de personas contagiadas. Mientras tanto, muchas personas con necesidades de atención diferenciada están quedando sin asistencia profesional o a la espera de que la atención se normalice en algún momento. Para los fines de esta nota, un elemento que es necesario puntualizar es que muchos servicios que, de alguna forma, están siendo proporcionados a la población, en esta circunstancia especial, no están figurando en los registros del Sistema Nacional de Información en Salud, por retrasos comprensibles en el envío de los datos por parte de algunos establecimientos de salud, en el procesamiento de los mismos en las unidades de estadística y, también, porque el sistema de vigilancia epidemiológica se concentra  primariamente en el acopio y procesamiento de los datos de la nueva enfermedad.

A estas alturas, luego de cuatro meses desde que se reportaron los primeros casos de personas contagiadas, en todo el país se han logrado establecer centros centinela y de aislamiento específicos para la atención del COVID-19, dejando al resto de los establecimientos, considerados “verdes”, encargados de brindar los servicios tradicionales, cumpliendo protocolos de bioseguridad, triaje y normas actualizadas. Se sabe poco de lo que está pasando en esos centros no COVID-19, pero existen hechos que están trascendiendo públicamente, que muestran un panorama crítico y que pueden ayudar a pensar en algunas alternativas viables para tratar de impedir que la población quede afectada gravemente por otras causas.

La atención en controles pre y posnatales

En el caso de la extensa gama de servicios de salud sexual y reproductiva, por ejemplo, hay razones para creer que se están produciendo restricciones que van a tener consecuencias lamentables. Se han visto carteles y anuncios en algunos establecimientos que informan sobre la suspensión de atenciones que no sean consideradas de emergencia, lo que incluye controles pre y posnatales, servicios de anticoncepción, atención al recién nacido, vacunaciones, atenciones a infecciones de transmisión sexual, atención a las víctimas de violencia sexual y otros igualmente decisivos. Hay otros centros cerrados por falta de personal y muchos que no tienen equipos, medicamentos, insumos y suministros esenciales porque se ha afectado al sistema administrativo por diversos factores vinculados a las medidas de contención de la expansión de contagios en la población.

Cabe esperar que en la atención de emergencias figuren los partos y especialmente las emergencias obstétricas y neonatales, cuya falta o mala calidad de atención es causa principal de las elevadas cifras de mortalidad materna y neonatal, con las que el país ingresó a la época de las cuarentenas. Sin embargo, las agrandadas dificultades para acceder a estos servicios se traducirán en incrementos notables de embarazos no deseados, partos sin la adecuada atención, infecciones sexuales no controladas, abortos inseguros, víctimas de violencia sexual desprotegidas y mujeres afectadas por el cáncer ginecológico sin tratamiento, entre otros. Además, grupos de la población como las niñas y adolescentes que están siendo afectadas por la pandemia directa o indirectamente, con el incremento de violaciones, abusos y agresiones en sus propios entornos familiares y comunitarios, tienen mayor riesgo no solo de quedar embarazadas e infectadas sin tener opciones a la prevención o a la interrupción legal del embarazo, sino también a la depresión y la ansiedad, con efectos poco reversibles a corto y largo plazo.

Recientemente, el Instituto Guttmacher[1] ha estimado que una disminución de solo del 10% en el acceso a la atención en salud sexual reproductiva a nivel global podría provocar: 49 millones más de mujeres con necesidades insatisfechas de anticoncepción moderna y 15 millones más de embarazos no deseados, 1.7 millones mujeres más que dan a luz y 2.6 millones adicionales de recién nacidos experimentarían complicaciones y esto resultaría en 28,000 muertes maternas adicionales y 168,000 muertes de recién nacidos.

En Bolivia

Tomando como referencia los datos del SNIS del 2019 y de la EDSA 2016, UNFPA calcula que se tendría un incremento de la necesidad insatisfecha en anticoncepción de 23,2 a 25,5%; lo que significaría 68.417 mujeres que no accederían a métodos anticonceptivos. En el ámbito de la atención de mujeres embarazadas se dejarían de brindar 26.862 atenciones, y en las prestaciones de anticoncepción 69.814, teniendo unas 96,675 mujeres que dejarían de ser atendidas, lo que implicaría un incremento en el riesgo de mortalidad materna.

Para muchas niñas y adolescentes no existen las posibilidades de atención inmediata e integral y para otras la atención que pueden obtener es limitada y superficial. Aun así, el SNIS ha registrado, en lo que va de enero a abril de este año, 557 atenciones en niñas/adolescentes menores de 15 años embarazadas y 10.749 adolescentes/jóvenes de 15 a 19 años embarazadas. Esto es 35% menos que en el 2019, en el mismo periodo, en ambos casos. Al menos una de cada tres niñas y adolescentes embarazadas no ha recibido atención por parte de los servicios de salud en esta coyuntura y las que han tenido al menos un control prenatal, no han sido informadas de sus opciones ni han recibido apoyo social y psicológico, para no hablar de asesoramiento legal. Si a esto se le agrega la mayor exposición a la violencia sexual, al uso del tabaco, alcohol y droga, como está siendo documentado por la prensa, el impacto de las medidas de restricción va a ser muy grande, a corto y mediano plazo, en la vida de estas niñas y adolescentes.

Entrando de lleno a la fase más álgida de la pandemia, pese a los difíciles esfuerzos institucionales por construir mejores capacidades de control y tratamiento de la pandemia, es necesario también incidir en la importancia fundamental de limitar el descuido de las atenciones a la salud sexual y reproductiva de la población. El personal de salud que no está siendo empleado en la atención de pacientes contagiados debería seguir brindando servicios de consulta externa con todas las precauciones necesarias. Se han formado brigadas médicas para la detección de la mayor cantidad de sospechosos en muchas regiones, que no serían sobrecargadas si se les asignase la responsabilidad de identificar y tratar a mujeres embarazadas o con necesidades de anticoncepción. Se tiene prevista la convocatoria a estudiantes de último año de las carreras de ciencias de la salud para remplazar, en algunas funciones, al personal de salud que está siendo abatido por la enfermedad y no se necesitaría más que una capacitación virtual rigurosa para habilitarlos en la atención de la salud de las mujeres, niños y adolescentes. En muchas regiones ya se cuenta con el apoyo de Telemedicina y no estaría mal que se incluyan programas de soporte al personal para la atención a la salud sexual y reproductiva, incluyendo información sobre anticoncepción, interrupción legal del embarazo, atención de emergencias obstétricas y neonatales y muchas otras. Hay varias aplicaciones electrónicas para encontrar información y servicios que deberían extenderse a la mayor parte de la población, de una manera concertada y sistemática, incluyendo números de teléfonos gratuitos de consulta permanente, consultas y recetas virtuales, atenciones teledirigidas y determinación del alto riesgo.

¿Qué se puede hacer?

Los ajustes que requiere el sistema de salud, al ritmo que impone la evolución de la enfermedad, están mostrando que preservar la continuidad de los servicios esenciales de salud es tan o más imperativo que concentrarse en afanes derivados del tratamiento a las personas con signos de una patología grave de coronavirus, es decir, camas y máquinas para cuidados de terapia intensiva, centros de aislamiento de casos de menor gravedad y testeo selectivo de muestras de laboratorio. Ya se entiende que las partículas del virus pierden agresividad con el tiempo de adaptación en medios hostiles, que la contención en la enfermedad en forma de distanciamiento físico y que el buen estado de salud de las personas, entre otros, son mecanismos eficientes de contención y aplacamiento de la pandemia. Probablemente no existan ni se produzcan muy pronto tratamientos médicos totalmente efectivos ni se logre asegurar la inmunización de una parte importante de la población, pero sí se sabe que una convivencia exitosa con un virus menos letal implica siempre un cuidado mayor en la salud de las personas.

Estar bien de salud implica cierto apoyo imprescindible del sistema de salud y, entre los mecanismos más relevantes, se encuentran los cuidados obstétricos y neonatales esenciales; es decir, quirófanos para cesáreas urgentes, sangre para transfusiones por hemorragias, manejo activo del parto, atención de las complicaciones del aborto, asistencia del recién nacido complicado y otros procedimientos que requieren poca tecnología avanzada. Pero tan importante como eso, es la prevención del embarazo no planificado, la atención de las víctimas de violencia sexual y la detección y control de las infecciones sexualmente transmitidas y del cáncer ginecológico. Estas son intervenciones que evitan muertes y, también, daños a largo plazo en la salud de las personas.

Garantizar los cuidados de la salud de más de 250.000 mujeres embarazadas es una estrategia adicional contra la expansión y el control de la pandemia en Bolivia. Es limitada la evidencia sobre el impacto del Coronavirus en mujeres embarazadas y recién nacidos, pero se sabe de su asociación con embarazos de alto riesgo obstétrico por desnutrición, adolescencia, multiparidad, gemelar, comorbilidad, aborto incompleto, pretérmino y otros. El embarazo conlleva cambios físicos que podrían incrementar la vulnerabilidad de estas mujeres ante infecciones virales respiratorias. Tienen un mayor riesgo de sufrir efectos adversos, condición que obliga a no subestimar los controles prenatales ni la atención calificada del parto. Al controlar y tratar adecuadamente a las mujeres en riesgo por exposición al coronavirus, se habrá realizado una importante contribución a la disminución de casos graves de la enfermedad y a la adaptación menos agresiva del virus.

 

 

[1] UNFPA Bolivia, abril de 2020. Recomendaciones del Fondo de Población de Naciones Unidas para la continuidad de servicios integrales de Salud Sexual y Reproductiva ante la crisis sanitaria por el COVID-19

Avenida 14 de Septiembre No. 4913, esquina 3 de Obrajes / Teléfono/Fax: (591-2) 2786169 - 2784207 - 2782361
Todos los derechos reservados por el Observatorio de Mortalidad Materna y Neonatal